Informe sobre Abuso Policial en San Marcos Sierras

“El objetivo del presente informe es dar cuenta de una serie de abusos policiales que tuvieron lugar en San Marcos Sierras, Córdoba, Argentina, en el verano 2012/13, que muestran la situación de inseguridad jurídica en que viven los habitantes de este pequeño pueblo productor y turístico del noroeste, de algo más de 4.000 habitantes”, reza el primer párrafo del informe que dio a conocer la Mesa de Derechos Humanos de San Marcos Sierras y vecinos autoconvocados “preocupados por la violencia de los hechos” que tuvieron lugar el último verano.
 

El informe, que fue elaborado durante los meses de verano, fue publicado el último 2 de marzo en el Facebook de la Mesa por los DDHH (http://www.facebook.com/mesa.sanmarcos), adonde suma adhesiones. Detallado en sus fundamentos y puntilloso en la descripción de los hechos, da cuenta de la situación vivida en verano a raíz de la dura intervención policial luego de los reclamos por la supuesta falta de seguridad en nuestro pueblo.

Además de detallar la situación de los allanamientos bajo la nueva Ley de drogas de la provincia, habla de la supuesta connivencia policial en la venta de drogas -uno de los principales focos del reclamo vecinal- denunciada por el Intendente en pleno enero: “El Intendente de San Marcos Sierras, Alejandro Alarcón, denunció públicamente, frente al Comisario Sergio Martínez y vecinos: “me han llegado comentarios de distintos sectores del pueblo de que la policía está en connivencia con el gordo Bonaldi”, se puede leer.

Mientras se sigue trabajando en un detalle pormenorizado de los casos de abuso policial sufridos por vecinos y turistas para incluirlos en una segunda etapa próxima, el informe detalla el avasallamiento de derechos cometido por el personal policial local bajo el Código de Faltas, a cargo de los Comisarios Gigena y Guevara (que reasumió su cargo en la Comisaría de San Marcos Sierras en enero, como parte del refuerzo por la situación):

-Humillaciones

-Maltratos físicos

Arrestos y encierros injustificados y desmedidos para las supuestas “faltas” que se estaban cometiendo

-Alojamiento en calabozos no apropiados de la comisaría de Cruz del Eje, cuando los detenidos no estaban aún notificados de la sentencia. Además, sin darles alimentación, ni agua (violación Art. 23 del Código de Faltas).

-Negación expresa del derecho a denunciar diversos delitos, lo que es norma común en la comisaría del pueblo. Delitos cometidos por civiles -tipificados en el Código Penal- con presencia de efectivos policiales (violación Art. 83 del Código de Faltas) o por policías. Pocos hechos pudieron ser denunciados por los afectados, aunque a través de la figura de “exposiciones”.

-Violación de procedimientos policiales, afectando garantías mínimas de los ciudadanos, como la identificación de los actuantes, posibilidad de obtener copias de órdenes de allanamiento o de los expedientes actuados.

-No información de los derechos del detenido, opción del derecho de llamada y de asistencia legal antes de firmar declaración (violación de Art. 15 del Código de Faltas, que permitiría la nulidad del procedimiento).

-Impedimento a declaración inmediata de testigos presenciales.

-Engaño a los detenidos a quienes se informaba los llevarían a declarar a la comisaría local o al médico forense, mientras eran trasladados detenidos a la celda de la comisaría de Cruz del Eje.

Seguir leyendo la versión completa…

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