minientrada La Municipalidad denunciará penalmente a Alejandro Alarcón

12321148_10208307155345567_5173702880027165562_nLa Municipalidad denunciará penalmente al ex intendente del FPV. Es acusado de falsificación de firmas y alteración de documentos y registros públicos durante el pase a planta permanente de 26 empleados en 2015. La denuncia se hará ante el fiscal tomando como base el dictamen del asesor letrado municipal presentado ayer en el Concejo deliberante. Es por la Auditoría que se viene realizando a la anterior gestión municipal, que según el oficialismo, “tendrá mucho que explicar a la justicia”. El Ejecutivo de Briguera, además, solicitó a los concejales que pidan explicaciones a Alarcón por 85.000 pesos de una orden de pago sin respaldo, rendiciones de obras por duplicado en distintas oficinas provinciales, y por el pago de más de 1700 horas extra a una empleada (Ruth Martínez) durante 2015.

Por Charly Astorelli

Las pruebas contra Alarcón que se presentaron ayer en el Concejo Deliberante se desprenden de un detallado dictamen confeccionado durante la auditoría que se lleva a cabo desde la declaración de la Emergencia económica. En el proceso se vienen documentando el análisis de las cuentas municipales  y los papeles por la designación de 26 empleados públicos. Dicha auditoría había comenzado luego de la declaración de la Emergencia económica desde el 21 de diciembre de 2015 (decreto 783/15), con el fin de –entre otras cosas- revisar la legalidad de los decretos de designación de personal, además de otros actos administrativos. El dictamen presentado ayer tiene el objeto de determinar si la conducta de Alejandro Alarcón, en la designación de personal, puede tipificar algún delito penal.

Hoy por la tarde, Pipón Briguera agregó en diálogo con este medio que en los próximos meses “habrá un informe por cada sesión del Consejo Deliberante como el que se presentó ayer”, y confirmó que se asentará una denuncia penal contra el ex intendente.

El propio FPV había pedido al ejecutivo de Briguera que informara si el despido de los 26 empleados efectivizados por Alarcón en 2015, podría traer un perjuicio legal y económico al Municipio. La asesoría legal de la Municipalidad, con respaldo documental de peritajes caligráficos e informáticos certificados ante escribanía, y un análisis de las cuentas públicas, contestó y fue contundente: los contratos de designación son burdamente falsos y nulos, se falsificaron firmas en contratos anteriores para justificar la incorporación a planta en tres empleados, y hasta las fechas de designación.

Lo que  ahora tendrá que corroborar la justicia es si –tal como dice el dictamen- el ex intendente habría fraguado las fechas, pretendiendo que las designaciones de 26 empleados municipales fueron el 3 de junio, a pesar de que las pericias en el sistema informático demuestran que los decretos fueron redactados el 27 de julio: más de un mes después de las elecciones que perdió el 14 de junio. Dicha cuestionada designación acrecentó en más de 130% la planta de empleados municipales, algo que el oficialismo denuncia como irracional e inviable considerando las ajustadas cuentas del municipio. Además de incrementar la planta, que pasó de 19 a 45: 137% más, no hay otra “ordenanza que modificara  la General de Gastos y Cálculo de Recursos para el periodo 2015-2016” para hacer frente a los gastos por la incorporación de los nuevos empleados.

 

Las firmas serían falsas
Alarcón habría falsificado las firmas de los contratos de años anteriores, posiblemente para adecuar la relación laboral de los finalmente pasados a planta, según los requisitos legales. El dictamen califica las designaciones de “burdas, groseras y manifiestamente ilegales”, y recomienda indemnizar a cada uno de los empleados hasta diciembre. Hoy la mayoría de los despedidos fueron retomados con contratos temporarios, o indemnizados algunos.

La Auditoría y hay más

El dictamen presentado en el Consejo detalla que “con la designación de los empleados, la municipalidad sufrió un aumento en sus costos funcionales en concepto de haberes, sus adicionales y aportes a  los distintos organismos públicos, imposible de sostener en el tiempo, lo que produce un grave perjuicio económico y operativo, que torna (…) dificultoso o imposible, la prestación de los servicios básicos”. Para demostrar que las fechas declaradas en los papeles por Alarcón son falsas, además del peritaje caligráfico e informático, cita testimonios de los propios trabajadores, que declaran “en su totalidad” que las designaciones fueron un mes y medio después del 14 de junio (fecha de las elecciones), cuando el entonces intendente los citó para anunciarles su efectivización. Según la asesoría legal de la Municipalidad, la mayoría de las designaciones violan todos los estatutos de trabajo de los municipales en lo referente a los mecanismos y requisitos comunes para el pase a planta permanente.

De la Auditoría llevada adelante por el asesor José Sarmiento, participaron el Perito Calígrafo Hugo Antonio Fernández, Mat n. 37 (con peritación 2361), y la Escribana Marta Susana Benjamin Vexenat: titular del registro 156. La escribana, entre otras cosas, presenció la toma de fotografías y su cruce con los registros informáticos, entrevistándose con Diego Cafure, técnico en redes del municipio. El peritaje caligráfico, por su parte, dice que la comparación de las firmas de Leila Iñigo, Andrés Tulián y Juan C. Rivero no “tienen correspondencia gráfica” con los originales.

“Si el antecedente al cuestionado nombramiento, son contratos de locaciones de servicio de vaga redacción y muy cuestionada legalidad, mal podemos suponer que la designación de efectivizar por parte del ejecutivo a los nombrados pueden revestir condiciones de legitimidad alguna”, remata el dictamen que se presentará a la justicia penal. Los contratos registran una fecha de dictado distinta a  la real: habrían sido el  23/07/2015, pero se asentaron como el 03/06/2015. Además, termina disponiendo que la Secr. De Economía y Finanzas realice un “minucioso estudio contable de la situación financiera”.

También posible malversación de fondos

Luego del dictamen en el HCD el 13 de abril por parte del asesor letrado municipal,  el ejecutivo entregó a los concejales una solicitud para que Alarcón, actual concejal, dé explicaciones sobre tres puntos.

-Que explique una rendición doble (ante Recursos Hídricos y para un Adelanto del Tesoro) de una factura de noviembre de 2015, por una perforación realizada por Cantera la Josefina (CUIT 27-21657888-6).

-Que explique una Orden de pago librada por 85.000 pesos, sin su factura correspondiente, bajo el concepto de Proveedores Varios.

-Que justifique 1702 horas extras realizadas por Ruth Martínez en 2015.

El ex intendente solicitó que –como concejal- se lo deje consultar con el asesor letrado del Concejo Deliberante, para la semana próxima dar una fecha de cuándo dará dichas explicaciones. Durante la sesión, en la que el bloque del FPV recibió con tranquilidad las acusaciones- dijo que una de las rendiciones “no fue presentada”. El Ejecutivo puso a disposición las instalaciones de la Municipalidad “para que revise y dé cuenta de qué paso con ese dinero”.

Más allá de los pasos futuros, la presunción de inocencia y la denuncia penal, lo hasta aquí hecho público ya es una investigación sin precedentes en San Marcos sobre el manejo de las cuentas públicas; investigación que hasta ahora luce prolija y que parece comprometida a prohijar una transparencia en las cuentas públicas que la ciudadanía honesta hace rato pide a gritos.

 

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